Progresa la acción judicial por casos de corrupción de altos funcionarios en América Latina.

El Congreso Anticorrupción reunió en Panamá a procuradores, fiscales, jueces y magistrados de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y Colombia, para intercambiar estrategias y acciones entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil a fin de combatir la corrupción en la región.

La actividad fue programada en el marco de la realización esta semana del Congreso Internacional Anticorrupción, organizado por el Ministerio de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá, que fue programado considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.

Ronald Segura, fiscal anticorrupción y presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales, reconoció el indicado como un paso adelante frente a la necesidad para poder preservar la democracia de un equilibrio de poderes.

Dijo que debe haber también la posibilidad de juzgar y de llevar ante la justicia a cualquier ciudadano que cometa un delito penal, sea o no funcionario público.

«Vamos a someter a proceso a los funcionarios, sea el presidente de la República, el presidente del Congreso, o un ministro», aseguró.

Por su parte, Hernán Mendoza, fiscal supremo anticorrupción de Perú, señaló que en su país se ha establecido una zona para expresidentes, vinculados a casos de corrupción, y que por lo menos cinco exmandatarios han estado en la cárcel debido a ello.

Ruth Morcillo, fiscal anticorrupción de Panamá, consideró que su país tiene una buena posición respecto a la corrupción, a lo cual ayudó la implementación de juicios públicos, que han llevado a expresidentes a «ser condenados por delitos como peculado o corrupción, o a funcionarios que parecían inalcanzables».

El Congreso Anticorrupción reunió en Panamá a procuradores, fiscales, jueces y magistrados de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y Colombia, para intercambiar estrategias y acciones entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil a fin de combatir la corrupción en la región.