Según el abogado Rolando Aparicio, los motoristas que manejan los microbuses de la ruta 42 y 152 ocasionaron siete choques solo ayer, y han dañado los bienes del empresario.
Las oficinas del empresario de transporte público, Catalino Miranda, fueron allanadas anoche por la Fiscalía General de la República (FGR), durante un procedimiento que terminó esta mañana con miras a incautar evidencias para supuestamente acumularle nuevos delitos, afirmó José Rolando Aparicio, uno de sus abogados.
Aparicio manifestó que en las oficinas del empresario había una caja fuerte que en su interior había un compartimento con $160,000 de ingreso proveniente de su actividad diaria y otro sitio con $25,000 correspondiente a caja chica para suplir las necesidades urgentes del personal.
“Los allanamientos llevan una intención oculta entre sí… nos van a salir con cualquier sorpresa posterior, porque el delito de resistencia no guarda relación con esos registros”, dijo Aparicio.
El abogado señaló que el dinero incautado es el mismo que ingresa de la actividad del transporte público y que a su vez circula en la cooperativa, Acostes de R.L. es propietaria de casi 293 unidades entre microbuses y buses de las rutas 42 y 152.
Esas rutas hacen su recorrido entre San Salvador, Santa Tecla y Zaragoza en La Libertad.
Sospechas
“Todo lo que se está dando son ciertas situaciones anómalas porque para empezar debieron haber dicho qué delito investigaban. El delito de resistencia que inicialmente le han atribuido no amerita esa investigación que están haciendo”, aseveró el abogado.
Aparicio adelantó que no es nada extraño que mañana lo quieran dejar detenido por cualquier circunstancia que quieran imponer.
Añadió que como no encontraron fundamento para atribuirle otros delitos el sábado por la noche que lo detuvieron, lo acusaron del delito de resistencia.
Nosotros tenemos el vídeo completo de las cámaras de videovigilancia dónde se aprecia que don Catalino baja a atender a los policías que lo llegaron a visitar y se ve que conversa con ellos e intercambia opiniones, no se ve ninguna resistencia y es ahí que le dicen que los debe acompañar a la subdirección de Tránsito, el solo se sube al vehículo, nadie lo obliga y salen para allá”.
José Rolando Aparicio
Abogado defensor.
En ese sentido, aseveró que no descartan que le quieran atribuir otros delitos en relación con los allanamientos a sus oficinas.
El abogado Iván Roque, otro defensor, afirmó que el precedente de captura y posterior incautación de sus bienes es “nefasto”, porque lo acusan de una infracción administrativa de supuestamente hacer cobros de tarifas no autorizadas por el Viceministro de Transporte y lo sancionan penalmente.
La PNC reportó la captura de Miranda el sábado por la noche por incrementar la tarifa sin autorización del VMT y por estacionar sus unidades en la vía pública.
“Por violetar un supuesto acto administrativo se recurre al proceso penal bajo el principio de la última ratio y lograr una sanción o sentencia favorable a la sociedad y al Estado, pero esto es administrativo”, dijo el abogado Roque.
Ante la captura de Miranda, la Fuerza Armada ha tomado control y disposición de sus bienes, los que ha puesto a brindar el servicio de transporte en la ruta que ofrece.
El abogado Aparicio denunció que ayer los motoristas que manejaron las unidades provocaron siete accidentes en los que causaron daños a vehículos particulares, cuyos costos esperan que el gobierno responda.