El presidente Daniel Ortega, de 80 años, anunció durante un acto conmemorativo que su gobierno no permitirá la realización de elecciones que podrían favorecer la llegada de la oposición al poder en Nicaragua.
En su discurso, el mandatario calificó a los sectores opositores como “golpistas” y “vendepatrias”, y aseguró que impulsará nuevas normas junto a la Asamblea Nacional para impedir que dichos grupos recuperen espacios políticos.
La reforma constitucional aprobada en 2025 modificó profundamente el marco institucional: extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la copresidenta, y legalizó la apatridia, además de reorganizar el calendario electoral, trasladando las próximas elecciones generales de noviembre de 2026 a noviembre de 2027.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la designación de Murillo como copresidenta, señalando que la medida carece de proceso democrático y que el gobierno ha restringido el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes mediante la represión y los cambios constitucionales.
Las críticas de la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos resaltan que la reforma elimina contrapesos institucionales, concentra el poder en la presidencia y reduce la capacidad de la sociedad civil para influir en la vida política del país.


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