San Salvador – El proceso judicial por un millonario desfalco en el sector de telecomunicaciones seguirá bajo el escrutinio público. El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador rechazó recientemente una petición de la defensa para declarar el caso bajo “reserva total”, una medida que habría impedido que la prensa y la ciudadanía conocieran los detalles del expediente.
Este caso no es un proceso aislado. Se enmarca en una compleja disputa internacional entre las firmas Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de la compañía Continental Towers. De hecho, existen órdenes de captura vigentes en otros tribunales contra ejecutivos estadounidenses vinculados a esta misma trama.
El intento de cerrar las puertas del tribunal
La solicitud para ocultar el proceso fue presentada por los nuevos abogados de Jorge Alberto Gaitán Castro, principal acusado de administrar de forma fraudulenta los fondos de las sociedades Maintenance & Services y Tierras Nacionales. La defensa argumentó que estaban siendo víctimas de una “estructura de intimidación” tras recibir mensajes por WhatsApp de lo que ellos consideraban supuestos periodistas extranjeros. Una fuente cercana al proceso en efecto confirmó que sí fueron contactado por un periodista identificado de un reconocido medios de comunicación.
Sin embargo, la jueza fue clara al desestimar estos argumentos, calificándolos como “percepciones personales” y “opiniones subjetivas” que no tienen base en hechos reales. La resolución judicial subrayó que, en una democracia, los procesos deben ser públicos para que la gente pueda vigilar cómo se administra la justicia, y que no hay ninguna razón de seguridad o de intimidad que justifique esconder este caso.
Polémicas
La petición de la defensa perseguía el objetivo de ganar más tiempo en el proceso y frenar el avance del juicio con un cambio masivo de abogados, algo que sí les resultó con un cambio sorpresivo de defensores a último momentos.
Apenas unos días antes de la audiencia clave, los acusados sustituyeron a siete abogados defensores por un nuevo equipo. Este movimiento obligó a suspender las diligencias programadas para mediados de abril, bajo el argumento de que los nuevos juristas necesitaban tiempo para leer el expediente.
Por otro lado, se han iniciados investigaciones de las relaciones de una funcionaria judicial en El Salvador con el imputado principal del caso, Gaitán Castro. El esposo de esa funcionaria visitó al imputado en una cárcel de Guatemala, levantado la sospecha de acciones ilegales en torno el caso.
Próximas fechas clave
Con el rechazo a la reserva, el calendario judicial queda de la siguiente manera:
- 7 de mayo: Se realizará la audiencia para revisar si los acusados, entre ellos Juan Ignacio Berger, Marisabel Umaña y Carol de Reyes, mantienen o cambian sus medidas actuales.
- 8 y 9 de junio: Se llevará a cabo la juramentación de los peritos que analizarán las cuentas de las empresas afectadas para determinar la magnitud real del desfalco.
A pesar de los intentos por retrasar el caso o llevarlo a puertas cerradas, la jueza ha ordenado que el proceso continúe de forma transparente, recordando a todas las partes que deben actuar con honestidad y respeto a la ley.


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