El Gobierno salvadoreño ha solicitado a la Asamblea Legislativa ampliar hasta agosto de 2027 la vigencia de las placas de circulación con formato 2011, según informó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez.
Esta medida busca evitar que los propietarios de vehículos asuman costos adicionales innecesarios y permitir un período adicional para evaluar la eventual renovación del parque de placas y analizar mecanismos para reducir el impacto económico que implicaría su emisión.
Las placas 2011 debían vencer en 2017, pero su renovación ha sido prorrogada varias veces. La primera prórroga las mantuvo vigentes hasta diciembre de 2021, seguida por otra ampliación al argumento de los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID-19.
Posteriormente, los diputados aprobaron una nueva prórroga hasta agosto de 2025, con el fin de aliviar la carga económica para los propietarios de vehículos. La extensión actualmente vigente fue aprobada en junio de 2023, cuando la Asamblea Legislativa avaló mantener válidas las placas con formato 2011 hasta agosto de 2025.
La propuesta del Ejecutivo plantea extender esta disposición transitoria para permitir un período adicional. Durante este tiempo, se prevé realizar una evaluación técnica y financiera sobre los costos de producir un nuevo lote de placas y las alternativas para disminuir el gasto para los automovilistas.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Legislativa mediante una solicitud enviada por el ministro Rodríguez. La propuesta pasa a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para estudio, donde deberá obtener un dictamen favorable antes de ser sometida a votación del pleno legislativo.
Si se aprueba, las placas con formato 2011 continuarán siendo válidas hasta agosto de 2027, sin que los propietarios de vehículos deban realizar un cambio inmediato. Esta medida permitirá concluir los estudios técnicos relacionados con una futura emisión de placas y definir el mecanismo mediante el cual podría desarrollarse ese proceso, con el objetivo de reducir los costos para los automovilistas.
La propuesta del Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de modernizar el sistema de matriculación de vehículos con la realidad económica actual. La Asamblea Legislativa tendrá hasta agosto de 2027 para decidir sobre esta iniciativa, evitando así un cambio inmediato que podría generar costos adicionales innecesarios.


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