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La Fiscalía ha llevado a los tribunales, entre 2023 y 2024, a directivos y empleados de estas tres cooperativas acusados de desviar dinero de los clientes para su propio beneficio.
Al menos $84 millones desviados, decenas de personas acusadas de defraudación a la economía pública y lavado de dinero, y cientos de clientes estafados que no pueden obtener de regreso su dinero que guardaban en tres cooperativas financieras salvadoreñas es el saldo de tres casos conocidos en el último año sobre conductas delictivas de estas instituciones de tipo privado: Acotemic, Acomatic y Cosavi.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a los tribunales, entre 2023 y 2024, a directivos y empleados de estas tres cooperativas acusados de desviar dinero de los clientes para su propio beneficio y han dejado sin fondos a estas empresas financieras.
Las investigaciones de la FGR sobre Acotemic, de R.L., y Acomatic, de R.L. de C.V., detallan que en estas cooperativas se movilizaron, ilegalmente, más de $49 millones. Según la Fiscalía, los imputados, aprovechándose de sus cargos, desviaron el dinero a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo y ahorros navideños, entre otros, pero de forma ficticia, para beneficio propio o de terceros.
“Los imputados simulaban préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses por adelantado de 15 años, obteniendo un provecho de $300,000 y $400,000. Los hechos ocurrieron entre el 2016 y diciembre de 2022”, indicó el año pasado la FGR, cuando presentó a los implicados en los desfalcos de Acotemic y Acomatic.
El caso se ventila en los tribunales del departamento de San Miguel, sede de ambas cooperativas. Hasta el momento, hay nueve fundadores y directivos bajo proceso penal mientras continúan las investigaciones fiscales. Los acusadaos son Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla, Amanda Aracely Jiménez y Ana Virginia Saravia.
El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel impuso medidas de carácter patrimonial y se les inmovilizaron activos a los imputados, quienes están siendo procesados bajo los cargos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
El caso más reciente es el de Cosavi, de R.L., en el que la FGR asegura que se han defraudado al menos $35 millones. El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha explicado que en Cosavi los directivos y empleados acusados desviaron el dinero mediante sustracciones periódicas e ilegales, lo que afectó el patrimonio de la cooperativa.
El proceso se está ventilando en un Tribunal Especializado de Crimen Organizado contra 15 directivos y empleados. Otros 17 se encuentran prófugos de la justicia, entre ellos el presidente de la cooperativa, Manuel Coto.
Los imputados detenidos hasta el momento son Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo, Saúl Orlando Méndez Manzano, Luis Luciano Orellana, René Alexander González Melgar, Juan Carlos Hernández Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla, Óscar Armando Munguía Vásquez, Carlos Alberto Cuéllar, Rolando Alexander Henríquez, Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández, María Isabel Jiménez Hernández, Manuel Alberto Coto Franco, Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto y Edson Valdomiro Coreas Ávalos.
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A los acusados en el caso Cosavi se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento y agrupaciones Ilícitas, ha indicado la FGR. Además, se han ejecutado decomisos de inmuebles como casas y apartamentos de lujo, además de vehículos, valorados en $14 millones.
“Se han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones”, indicó el fiscal Delgado como parte de los avances desde que el caso se hizo público el pasado jueves 9 de mayo.
La FGR además sospecha que cantidades de dinero fueron desviadas hacia otros países en el extranjero, por lo que ha solicitado ayuda a autoridades estadounidenses para detectar los movimientos de los fondos e intentar recuperarlos.
