Finaliza juicio contra 485 cabecillas de la ms-13 en El Salvador, fiscalía solicita pena máxima

El martes, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador dio por concluida la audiencia única abierta en la que se juzgó a 485 presuntos fundadores y líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), un grupo criminal internacional. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó durante el cierre de los alegatos la imposición de la pena máxima para todos los procesados, en un caso que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador.

Los acusados enfrentan un total de 47,000 imputaciones, entre las que se destacan 444 homicidios agravados, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas. Además, la FGR informó que la estructura criminal utilizó aproximadamente 1,200 menores de 12 años y explotó a 638 mujeres víctimas de trata para actividades delictivas. Estos datos resaltan la gravedad de los hechos y el impacto en grupos vulnerables.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó audios de llamadas atribuidas a los principales líderes de la MS-13, en los que se escuchan instrucciones para cometer asesinatos y otros delitos. También se expuso el funcionamiento del sistema llamado ‘válvulas abiertas’, mediante el cual, según la acusación, se autorizaban períodos para ejecutar asesinatos contra personas consideradas traidoras o miembros de grupos rivales. Este mecanismo, según los fiscales, fue clave para mantener el control delictivo en ciertas zonas del país.

Como parte de las garantías procesales, 162 imputados expusieron su última palabra ante el tribunal, incluyendo a varios ranfleros históricos de la pandilla. Algunos de ellos solicitaron ‘beneficios carcelarios’, argumentando que esto permitiría que ‘la violencia no vuelva nunca más a las calles’. Sin embargo, la Fiscalía rechazó estas peticiones, enfatizando la necesidad de sanciones severas para garantizar la justicia.

Antes de emitir el fallo, el tribunal deberá analizar más de 650 audios incorporados como prueba, junto con 22,000 folios del expediente, actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y alrededor de 300 certificaciones presentadas. La audiencia única abierta, una figura procesal creada tras reformas al Código Procesal Penal durante el régimen de excepción, permitió juzgar masivamente a los acusados y abrir la posibilidad de incluir nuevos imputados conforme avancen las investigaciones.

La fecha en que se conocerá la sentencia será anunciada próximamente por el Poder Judicial. Este caso representa uno de los esfuerzos más ambiciosos del gobierno salvadoreño por desmantelar estructuras criminales y responder a la violencia que afecta a comunidades vulnerables. La FGR destacó que las sanciones solicitadas incluyen no solo la privación de libertad, sino también el pago de $9 millones de responsabilidad civil por los daños causados a las víctimas y a la sociedad.