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El caso, que ya tiene repercusiones en Guatemala y El Salvador, suma ahora a compañías y ejecutivos peruanos que buscan dejar sin efecto una orden de desacato emitida en Nueva York.
La disputa internacional por el control de Continental Towers sigue escalando y ya involucra de forma directa a empresas peruanas. En un nuevo episodio del conflicto entre Terra Towers y la firma estadounidense TPG Peppertree, compañías y ejecutivos de Perú presentaron una apelación ante la justicia de Estados Unidos para cuestionar la jurisdicción de un juez de Nueva York sobre sus actuaciones.
El recurso fue interpuesto por Telecom Business Solution S.R.L. (TBS Perú), Continental Towers Perú S.R.L., Collocation Technologies Perú S.R.L. y ejecutivos peruanos, luego de haber sido incluidos en una orden de desacato emitida en abril de 2025 por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Según su posición, el tribunal estadounidense no tiene competencia sobre ellos porque no forman parte del acuerdo de accionistas que establece a Nueva York como sede arbitral. Además, sostienen que no cuentan con presencia ni operaciones en Estados Unidos, por lo que consideran improcedente que se les aplique una sanción desde esa jurisdicción.
La apelación presentada desde Perú añade un nuevo componente a una controversia que ya ha tenido efectos judiciales en otros países de América Latina. En Guatemala, un juez local rechazó la validez de órdenes vinculadas al proceso en Estados Unidos dentro de su territorio. En El Salvador, en tanto, el caso derivó en acciones judiciales, detenciones y órdenes de captura internacional contra tres ejecutivos estadounidenses vinculados a TPG Peppertree.
En su defensa, las empresas peruanas argumentan que sus decisiones y actuaciones respondieron a obligaciones legales bajo la normativa nacional. El expediente señala que TBS Perú opera más de 452 torres de telecomunicaciones y mantiene contratos con operadores como Telefónica, Entel, Claro y Bitel, lo que refuerza su postura de que sus actividades están sujetas al marco regulatorio peruano.
Los ejecutivos también afirman que sus acciones estuvieron relacionadas con arbitrajes iniciados en Perú en 2022 y con procesos en Islas Vírgenes Británicas durante 2024. En ese contexto, mencionan una serie de decisiones atribuidas a Peppertree que, según indican, impactaron la operación empresarial, como el rechazo de más de 1,400 solicitudes de desarrollo de infraestructura, la cancelación de un crédito por 15 millones de dólares y la falta de renovación de contratos operativos.
Otro de los puntos centrales del recurso apunta a la forma en que se emitió la orden de desacato. Los apelantes sostienen que no fueron notificados formalmente antes de la resolución, que no tuvieron oportunidad de ejercer su defensa y que fueron incorporados al proceso como terceros ajenos al litigio principal. Según el expediente, estas partes no fueron escuchadas en la etapa inicial que dio lugar a la sanción.
Ahora, el caso quedó en manos del Tribunal del Segundo Circuito, al que los apelantes le han pedido revocar las órdenes emitidas en 2025, declarar la falta de jurisdicción del tribunal de Nueva York o disponer una revisión más amplia antes de mantener las medidas impuestas.
La decisión podría tener un impacto más allá del caso concreto. Lo que está en discusión no es solo el conflicto por el control de Continental Towers, sino también el alcance que pueden tener los tribunales estadounidenses sobre empresas y ejecutivos extranjeros en disputas corporativas con presencia regional.
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