Al menos hasta 2028, los ciudadanos no podrán conocer información sobre las contrataciones directas de la Asamblea, los gastos de los grupos parlamentarios y expedientes de elecciones de funcionarios de segundo grado, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Asamblea Legislativa declaró como reservada su información de gastos, compras, contrataciones, seguros, acuerdos de junta directiva y planillas, durante los próximos siete años; es decir, al menos tres períodos legislativos, hasta 2028.
El primer Órgano de Estado actualizó el pasado 23 de agosto su índice de información reservada, incluyendo 19 puntos que, a criterio de organizaciones y expertos en transparencia, deben estar disponibles a los ciudadanos, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Las razones que brinda la Asamblea para imponer la reserva van desde la protección de la “vida, seguridad y salud de cualquier persona”, porque forman parte de un “proceso deliberativo”, o porque crean una “ventaja indebida para una persona en perjuicio de un tercero”.Queda reservada toda esta información porque pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona. Y podría generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.Asamblea Legislativa.
Según información disponible en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa, se actualizó el índice de información para ocultar estos puntos:
- Viajes y seguros ─ 7 años
Desde el 23 de agosto, son secretos los itinerarios de vuelo de misiones oficiales por acuerdo de la Junta Directiva, los seguros de viaje adquiridos por diputados y empleados de la institución y las carpetas técnicas para realización de misiones oficiales.
- Auditorías ─ 3 años
Por tres años, son secretos los informes de auditoría interna de la Asamblea Legislativa, sobre exámenes especiales realizados en diferentes gerencias, departamentos o unidades de la Asamblea.
- Memorandos y comunicación interna ─ 3 años
Durante toda la legislatura 2021-2024, está reservada la información de notas, memorandos, directrices y cualquier tipo de comunicación interna con las gerencias, departamentos o unidades “que requieran por su finalidad confidencial”, control de correspondencia y documentos de trabajo de informes de auditoría interna.
- Licitaciones y contrataciones directas ─ 3 años
La Asamblea oficialista ocultará todas las licitaciones públicas y compras directas de la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de que “podría comprometer las estrategias y funciones estatales en procedimientos administrativos en curso”, lo que generaría “una ventaja indebida en perjuicio de un tercero”. La reserva incluye las solicitudes de inicio, términos de referencia para procesos de libre gestión, licitaciones, contrataciones directas o de cualquier tipo, órdenes de compra, evaluaciones de oferta, comparaciones de precio; y todas las notas, memorandos y directrices que incluyan información al respecto.
- Autorizaciones para misión oficial ─ 3 años
Están en reserva las autorizaciones para viajes en misión oficial, mientras no haya concluido la misión. Estarían disponibles hasta 30 días después de realizada la misión, supuestamente, “porque la entrega de esta información pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona”.
- Acuerdos y correspondencia ─ 3 años
Por tres años están reservadas las notas, memorandos, directrices y comunicación escrita dirigidas a la Presidencia, Junta Directiva, Gerencias, Unidades o Departamentos, incluido el Acuerdo Número 1, el acuerdo de contrataciones, la asignación temporal de personal institucional a grupos parlamentarios y de cualquier tipo.
- Multas y procesos judiciales ─ 3 años
Esto incluye las autorizaciones de los apoderados y asesores legales de la Junta Directiva para interponer avisos a la Fiscalía General de la República, la imposición de multas por incumplimiento de contratos, expedientes en procesos judiciales o administrativos que enfrente la Asamblea ─hasta que haya sentencia firme─, y los procesos sancionatorios contra cualquier empleado de la institución.
- Expedientes, audios y video de comisiones especiales ─ 7 años
Serán secretos hasta 2028 las copias completas de expedientes de las comisiones especiales que cree la Asamblea Legislativa, incluyendo audios y videos, mientras el proceso no haya finalizado.
- Consultorías externas, agendas de la Junta Directiva y Comisiones ─ 3 años
Estarán reservados los informes de consultorías externas y los extractos de proyectos de agenda de las reuniones de la Junta Directiva y proyectos de agenda de comisiones que hayan sido decladaradas de carácter privado.
- Expedientes elecciones de segundo grado ─ 3 años
Son privados los expedientes relacionados a elecciones de segundo grado, como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el fiscal general de la República, debido a que “pueden generar una desventaja indebida en perjuicio de un tercero”.
- Anteproyectos de ley, piezas de correspondencia y opiniones ─ 3 años
Se declaran reservados los documentos, opiniones, estudios y borradores de anteproyectos de ley sometidos a estudio y las piezas de correspondencia sin clasificar. Esto, mientras dure el trámite de recepción y conocimiento de la Junta Directiva.
- Datos personales en indultos ─ 3 años
Por considerar que “ponen en peligro la vida”, estarán reservados los datos personales sobre los procesos de indulto y toda la información catalogada como “confidencial” por la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
- Presupuesto de grupos parlamentarios (partidos) ─ 3 años
La Asamblea oficialista ocultará el monto que tienen asignados los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, así como las asignaciones presupuestarias a gerencias, unidades y departamentos institucionales. Esto, bajo la excusa de que “pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona”.
- Asignación de vehículos y acuerdos financieros ─ 7 años
Estarán reservados los memorandos y acuerdos sobre temas financieros y de tesorería, así como el transporte y asignación de vehículos y su agenda de programación para misiones oficiales, porque “pone en peligro” la vida y seguridad de los diputados y empleados.
- Bitácoras de seguridad, videos de vigilancia y convenios con la PNC ─ 7 años
Se declaró reservada la nómina del personal del Departamento de Seguridad de la Asamblea, sus posiciones, asignaciones y roles; así como bitácoras y libros de turno. También se ocultarán los convenios con la Policía Nacional Civil (PNC), videos de vigilancia, estudios, planes y estrategias.
- Planillas de salarios ─ 7 años
Por 7 años, la Asamblea ocultará sus planillas de pago de salarios y otras prestaciones, así como documentos que contengan extractos de ellas. Esto, supuestamente, porque “entregar esta información ocasionaría poner en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
- Contrataciones y beneficios ─ 7 años
Acuerdos de Junta Directiva o la presidencia que incluyan disposiciones de recursos humanos sobre contrataciones, nombramiento de personal, y las prestaciones y beneficios que reciben; así como los procesos sancionatorios internos.
- Antecedentes de sanciones contra el personal ─ 7 años
Documentos o medios de comunicación que contengan los antecedentes de procedimientos administrativos y sanciones ─en trámite o por iniciar─ en contra de cualquier empleado de la Asamblea.
- Audios de comisiones especiales ─ 4 años
Serán reservados todas las versiones de audio de las sesiones de comisiones especiales declaradas de carácter privado. Esto, supuestamente por “contener opiniones” que forman parte de la deliberación de los diputados; y porque “podrían comprometer las estrategias en procedimientos judiciales o administrativos en curso”.
¿Es legal?
Expertos en transparencia señalan que la decisión de la Asamblea Legislativa de reservar esta información es ilegal; debido a que va en contra de la LAIP. Además, lo califican de un retroceso grave, debido a que la Asamblea no tenía información reservada desde 2019.
Además, se reserva información que según resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), debe ser pública; como los nombres y remuneraciones de servidores públicos, asesores de la Asamblea Legislativa, y el monto asignado a grupos parlamentarios, la Junta Directiva y dependencias de la Asamblea.
También es pública la información sobre viajes en misiones oficiales y sus gastos, así como los expedientes de la elección de funcionarios de segundo grado, específicamente las hojas de vida, atestados legales de candidatos. Los datos personales de estos documentos, como la dirección y el Documento Único de Identidad (DUI) siempre han sido privados, y no se revelan en las versiones públicas.
