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Aguascalientes entró en una nueva etapa de protección infantil este miércoles con la entrada en vigor de la Ley Chancla, reforma del Congreso Estatal que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. La norma tipifica como ilícito cualquier acto de violencia corporal —golpes, cachetadas, cinturonazos— o psicológico —amenazas, humillaciones— ejercido por padres, madres, tutores o responsables bajo el pretexto de la corrección.
El legislativo local difundió los alcances de la medida para que la ciudadanía conozca sus derechos, alineándose con los compromisos internacionales de México. Sin embargo, la recepción social revela tensiones: mientras especialistas y organismos civiles aplauden el avance como un cambio de paradigma indispensable, amplios sectores hidrocálidos mantienen la creencia de que “un golpe a tiempo no hace daño”, frase que sigue resonando en hogares y redes.
Autoridades y expertos advierten que el verdadero desafío comienza ahora, dentro de los domicilios. La estrategia oficial prioriza la prevención y la reeducación sobre la sanción penal: se implementarán programas de crianza positiva, talleres comunitarios y campañas para desnormalizar la violencia como método educativo. El DIF estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes actuarán como primeros respondientes, canalizando apoyo antes de judicializar.
En síntesis, Aguascalientes cierra la puerta a la chancla como sinónimo de disciplina y abre un debate sobre los límites de la autoridad parental. El éxito de la legislación dependerá de la capacidad institucional para acompañar a las familias en la construcción de entornos libres de violencia, garantizando que el derecho a una crianza digna se convierta en realidad cotidiana.
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