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A Víctor Manuel y Geovanni Ernesto, ambos de apellido Pérez Herrera, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los detuvieron en el séptimo día estar vigente el régimen de excepción.
Al ser arrestados en un período donde la pertenencia a una pandilla es tipificada como agrupaciones ilícitas con pena máxima de 30 años, el Tribunal Quito de Sentencia de San Salvador les aplicó las reformas a ese delito que la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de marzo de 2022.
En la vista pública se consideró que la Fiscalía General de la República presentó pruebas para acreditar que los hermanos Pérez Herrera son «soldados» de la pandilla 18 y que tenían una serie de funciones que van desde extorsionar hasta asesinar.
En la Tribu Tinecos que delinquían en el municipio de San Martín, los dos pandilleros tenían diversas funciones que suelen asignar a los considerados soldados.
Para probar que tenían esa función la Fiscalía hizo un análisis de la función que tiene un soldado en la pandilla 18, asumen varios roles desde administrar las finanzas de la pandilla, cobrar el dinero de la extorsión, se dedican al narcomenudeo y hasta ejecutan crímenes.
Los dos terroristas fueron capturados el 3 de abril de 2022, en el pasaje 37 de la urbanización Cima de San Bartolo II de Tonacatepeque, San Salvador, según señaló la representación fiscal en el juicio.
Segunda condena
Víctor Manuel, es la segunda condena que recibe, ya que el 7 de diciembre de 2023, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador le impuso 30 años asesinar al empleado bancario, Cristian Joel Mejía Quezada, en San Martín.
En el proceso de investigación el ministerio público estableció que un cabecilla de la pandilla 18 ordenó asesinar al joven quien fue privado de libertad el 10 de enero del año 2022.
Los terroristas comenzaron a ser detenidos el 17 de febrero por el delito de agrupaciones ilícitas y el homicidio agravado, fueron presentados el 20 de febrero del mismo año, un día los restos fueron exhumados en la finca La Loma de San Martín.
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Mejía Quezada fue interceptado por los pandilleros de la comunidad Génesis de San Martín, cuando realizaba sus labores como gestor de cobros de la entidad financiera para la que laboraba.
Al ser privado de libertad los mareros lo comenzaron a torturar, le robaron todas sus pertenencias y lo trasladaron a la finca donde lo asesinaron y dejaron su cuerpo semienterrado.
